La historia clínica dental: acceso y copia

Cambiar de clínica sin llevarse la historia obliga a repetir pruebas y a empezar desde cero. Es un derecho, no un favor, y se ejerce por escrito.

Qué contiene

Los datos identificativos, la anamnesis y la exploración, las pruebas complementarias, las radiografías y escaneados, la evolución del tratamiento, los consentimientos informados firmados, los presupuestos aceptados y la hoja de alta o el informe final. Todo ese conjunto integra la historia clínica y todo él está cubierto por el derecho de acceso del paciente.

Cómo se pide

Por escrito, identificándose con documento oficial y concretando qué documentos se solicitan. Un correo electrónico con acuse o un escrito registrado en la clínica sirven como prueba de la fecha, que es lo que después permite reclamar si no hay respuesta. Conviene indicar el formato deseado: las radiografías tridimensionales en su archivo original resultan mucho más útiles para otro profesional que una impresión en papel.

Qué puede cobrar la clínica

El acceso a la información es gratuito. Lo que puede repercutirse es el coste material de la reproducción cuando se pide en un soporte concreto: impresión, copia en soporte físico o envío postal. Ese importe debe ser razonable y proporcionado al coste real, del orden de 5 a 25 euros. Condicionar la entrega al pago de facturas pendientes del tratamiento no es admisible: son dos asuntos distintos.

El valor de tener la historia se mide en lo que ahorra. Repetir un estudio radiográfico tridimensional cuesta de 80 a 200 euros, un juego de radiografías periapicales de 30 a 60, y un escaneado intraoral de 40 a 90. Cambiar de clínica sin la documentación supone por tanto entre 150 y 350 euros de pruebas repetidas, además de 2 o 3 semanas de retraso en el inicio del tratamiento.

Si transcurre un plazo razonable sin respuesta, cabe reclamar ante la autoridad de protección de datos y ante la administración sanitaria.

Menores y personas fallecidas

En menores de edad, el acceso corresponde a quienes ostentan la patria potestad, con matices a partir de los 16 años en función de la madurez y del tipo de información. En caso de fallecimiento, los familiares y las personas vinculadas de hecho pueden acceder salvo prohibición expresa del paciente en vida, y siempre con exclusión de las anotaciones subjetivas del profesional y de los datos que afecten a terceros.